Marta
Guerra (A.L): "Estamos viviendo el desarrollo de un caso judicial
inédito en nuestro país, la Fiscalía intenta demostrar la participación
18 comuneros mapuche, bajo la figura de Asociación ilícita terrorista,
acusados del ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre de 2008
en Puerto Choque, cerca de Tirúa en la VIII Región, en donde
afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. La mayoría de los
fundamentos de la acusación se basan en declaraciones de más de 100
funcionarios de Carabineros, de la PDI y de 36 testigos sin rostro".

Por: Marta Guerra M.
¿Qué dirá la Justicia finalmente en este caso?
Las penas que pidió la Fiscalía para este grupo van desde 102 años para uno, 70 para otros, 60, 45 y 30 para otros.
Muy
distinto a lo solicitado por el fiscal militar que pidió 15 años de
cárcel para el carabinero que mató a Jaime Mendoza Collío (2009).
Recordemos que el policía, miembro del Gope, Miguel Jara Muñoz, disparó
por la espalda a Mendoza Collío, quien fue acusado de violencia
innecesaria con resultado de muerte. A pesar que la PDI logró acreditar
un montaje realizado por Carabineros para encubrir el crimen.
Otro
caso es el del Carabinero Walter Ramírez, que asesinó a Matías Catrileo
(2008). La Corte Marcial lo condenó a tres años y un día de libertad
vigilada. En el fallo le rebajaron a dos las atenuantes a favor del
uniformado y se mantuvo la tipificación de violencia innecesaria con
resultado de muerte.
Por
otro lado la Corte Marcial otorgó la libertad provisional al comunero
mapuche Héctor Llaitul Carrilanca, uno de los procesados en este caso.
De cualquier manera esto no indica nada, considerando que la reforma a
la Ley, los tribunales militares no pueden juzgar a civiles, por lo
tanto, no implica cambios en el proceso.
Al
parecer las altas penas solicitadas por el Ministerio Público tienen un
objetivo que va más allá de la justicia, es posible que se quiera para
estos 18 comuneros condenas ejemplificadoras que desincentiven la
movilización por demandas territoriales.
En el juicio
Según
Fernando Lira, presidente de Liberar “La fiscalía se presenta al juicio
con bajos estándares de prueba, buscando impresionar al Tribunal de
Cañete con un desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes y
supuestas evidencias condenatorias, intentando justificar los dos años
de investigación y los millonarios recursos gastados”.
Los
defensores de derechos humanos están preocupados por el accionar del
Ministerio Público, quien a través de sus fiscales han usado la Ley como
medida extrema, como es el caso de la Ley Antiterrorista “es una
extrema interpretación de la última ratio, es decir, que es utilizable
como último recurso en situaciones de anormalidad por conductas
atentatorias en contra del Estado de Derecho. Extrema porque es más
discriminadora por el endurecimientos de los derechos procesales en
perjuicio de los imputados”.
Para
beneficio de algunos procesados los jueces en muchos juicios anteriores
han tenido que poner orden y corregido las débiles pruebas presentadas,
así ha sucedido anteriormente con Héctor Llaitul y Roberto Painemil en
el 2006, donde después de un año y medio de detención se les deja en
libertad, declarándolos inocentes. Sucedió con el juicio en contra de
Elena Varela, Kenny Sánchez y Sergio Reyes quienes quedaron en libertad
luego de dos años de prisión, por orden del Tribunal de Villarrica por
falta de pruebas condenatorias. Está, también, el caso de Luis Tralcal
Quidel, que ha sido acusado de innumerables delitos, pero finalmente lo
han absuelto de los cargos que se le imputaban, debido a que la Fiscalía
no entregó pruebas que lo inculparan. Sin embargo, en el caso que se
lleva hoy en ciudad de Cañete, la constitución del Tribunal Oral, está
compuesto por tres jueces a cargo del proceso, dos de ellos
anteriormente han condenado a mapuches mostrando una actitud premeditada
en contra de estos, obstaculizando el trabajo de la Defensa. Este hecho
ha sido cuestionado por los abogados defensores, quienes solicitaron la
inhabilitación de estos Jueces.
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