Labbé cuando declaró en el Centro de Justicia. (UPI) $El informe de la Comisión Investigadora aprobó por siete votos a favor y seis en contra la responsabilidad administrativa del ex director de Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, en la aplicación del Censo 2012.
El documento sobre el funcionamiento del INE, hecho por la Comisión presidida por el diputado DC Juan Carlos Latorre, reflejó que durante la administración de Labbé existieron irregularidades administrativas que terminaron con un cambio apresurado y sin las consultas técnicas apropiadas ni la expertiz suficiente de la metodología censal.
También se mostró que durante su gestión se contrató a “asesores” que “no efectuaron verdaderamente sus servicios”, entre los que se enumeró a Maximiliano Raide Pruines, asesor directo de Labbe y a Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali, de quienes no se sabe cuáles eran sus funciones en la entidad ni tampoco eran conocidos por los funcionarios. El informe además acusó a Labbé de contratar a la empresa Vox Comunicaciones sin realizar una licitación pública y de desembolsar más de 83 millones de pesos en la contratación de los cuestionados funcionarios.
En esta “estructura paralela” de nuevo funcionamiento en la dirección del INE participaron su ex director, Francisco Labbé, la llamada “gerente” del INE, Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Maximiliano Raide Prunes, y Sebastián Mathews. Todos tuvieron un rol fundamental en el despido de funcionarios directivos del INE, en la cantidad de casas que no se censaron y en la decisión de entregar al Presidente Piñera la información del conteo nacional para darla a conocer al país.
En el informe también se responsabilizó a Labbé de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento de datos, en especial frente a las proyecciones que realizó el Departamento de Estudios Sociales.
El escrito de la comisión de diputados aseguró que Francisco Labbé no resguardó el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Y agregó que no protegió los datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios contratados irregularmente, como Maximiliano Raide, y otros contratados a honorarios como Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz y Sebastián Matthews, entre otros.
Finalmente la comisión estableció que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de la cobertura y estructura demográfica, por lo que recomendó tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un censo abreviado (acotado en los términos expuestos por la comisión nacional) u otro método que cumpla con ese objetivo.
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